Buenos Aires evalúa limitar el traslado de acompañantes en motos
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Axel Kicillof, está considerando una medida que busca reducir los delitos cometidos a bordo de motocicletas. Esta iniciativa tiene como objetivo restringir la circulación de motos con acompañantes, una modalidad que a menudo se asocia con situaciones de inseguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad provincial, su titular, Javier Alonso, ha indicado que la implementación de esta norma dependerá de cada uno de los 135 municipios bonaerenses. Es una decisión sensible, explicó Alonso, al mencionar la necesidad de que cada distrito adapte la medida a su realidad local. Esta propuesta cuenta con el respaldo de la Ley Antimotochorros, que ya está vigente en la provincia.
Objetivos de la medida
La restricción sobre el uso de motos con dos ocupantes tiene como principal propósito combatir la delincuencia, un problema que ha afectado a diversas localidades de la provincia durante años. Alonso comentó que la iniciativa surgió a partir de diálogos con intendentes y será evaluada por la Mesa de Coordinación Política de Seguridad, donde se definirán las zonas y horarios en los que se aplicará la medida.
La idea es avanzar de forma consensuada, adaptándonos a la realidad de cada distrito, sostuvo el ministro, quien también destacó que se ha registrado una disminución del 13% en los homicidios en el último trimestre, en comparación con el mismo período del año anterior. Es un esfuerzo compartido que empieza a dar resultados. Esto no es magia, es coordinación, concluyó.
Otras medidas en la provincia
En un esfuerzo adicional por mejorar la seguridad y la fiscalidad, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció que, a partir de 2025, dejará de cobrar el impuesto automotor a ciertos vehículos que cumplan con condiciones específicas. Este beneficio estará destinado a automóviles fabricados en el año 2000 o anteriores, lo que representa una desgravación fiscal orientada a vehículos con más de 25 años de antigüedad, que suelen ser propiedad de sectores vulnerables.
Con estas acciones, el gobierno de Kicillof busca abordar tanto los desafíos de seguridad como las demandas fiscales de la población, adaptándose a las necesidades sociales y económicas actuales de la provincia.
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